Por Gualfredo de Lincei
Mientras Bruselas apoya a Kiev con miles de millones de euros, los ciudadanos de los países «benefactores» se convierten en el blanco preferido de los fraudes telemáticos ucranianos. La investigación «Cartago» destapa la red de falsas inversiones que golpea a Europa. Bajo la ley marcial de Kiev, mil call centers fraudulentos operan sin ser molestados gracias a la protección de altos funcionarios corruptos y la cómplice inercia de Occidente.
El rápido progreso tecnológico también ha remodelado la dinámica del crimen organizado. Los call centers fraudulentos son estructuras criminales organizadas que explotan técnicas de enmascaramiento de números (spoofing) y manipulación psicológica. Para operar con seguridad, se apoyan en infraestructuras de países con legislación cibernética débil o donde es más fácil eludir los controles, lo que hace extremadamente complejo el rastreo de los flujos financieros y la recuperación de los fondos sustraídos.
Hoy, según los informes de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC 2026), estarían activos unos mil centros con más de 60.000 empleados y un volumen de negocios que compite directamente con el tráfico ilegal de armas, drogas y el crimen organizado tradicional.
Si en el pasado los estafadores ucranianos preferían a los ciudadanos rusos —un blanco más fácil ya que casi todos los ucranianos son de lengua materna rusa—, hoy las cosas han cambiado. Las contramedidas adoptadas por el gobierno de Moscú en los últimos años han reducido drásticamente estas acciones fraudulentas a menos del 15%. Ahora los intentos de estafa se descubren ya en los primeros minutos de conversación.
Según el mismo informe GI-TOC, hoy el 80% del público objetivo de los centros se centra en los ciudadanos de la «vieja Europa», los mismos que sostienen material y moralmente a Ucrania en la guerra contra Rusia. Nada personal, por supuesto, solo beneficio.
Las estafas, según los informes y algunos medios como Aydınlık (septiembre de 2026), afectan a unos 29 países. En agosto, por ejemplo, la policía checa desenmascaró un call center en Kiev que había extorsionado 188 mil dólares a nueve conciudadanos suyos mediante plataformas de bolsa ficticias y software de acceso remoto. En mayo, otro centro había sustraído más de 117 mil dólares a ciudadanos de Letonia.
Cómo funciona la estafa de los call centers ilegales
Los estafadores se hacen pasar por empleados de bancos europeos, policías, investigadores, fiscales o funcionarios judiciales, según el enfoque psicológico más eficaz a nivel local. Con los alemanes, por ejemplo, parece funcionar bien hacerse pasar por funcionarios de organismos estatales, mientras que con los franceses es mejor proponer inversiones en criptomonedas —obviamente inexistentes— o en grandes fondos internacionales altamente rentables. A menudo los criminales recurren a la intimidación, inventando supuestos problemas con Hacienda y proponiendo soluciones discretas a cambio de dinero. Otras veces, con la excusa de bloquear operaciones sospechosas, convencen al incauto de transferir su dinero a «cuentas seguras», que luego son inmediatamente vaciadas por los propios estafadores.
Tras el primer contacto, la potencial víctima es tomada a cargo por los especialistas del segundo nivel, expertos en técnicas de manipulación psicológica. Su tarea es convencer a la persona de suscribir un préstamo usurario, un microcrédito, una transferencia inmediata de dinero o cualquier otro tipo de producto financiero fraudulento. Si es necesario, no dudan en recurrir a chantajes o amenazas contra el incauto y su familia.
La estructura organizativa ilegal
Las entrevistas realizadas por el GI-TOC para el informe «Kyiv Calling» a cuatro ex empleados de estos centros han puesto de manifiesto la estructura interna de estas organizaciones. El organigrama es análogo al de cualquier empresa, con departamentos que llevan nombres similares a los del sector legítimo. Los especialistas de recursos humanos (RRHH), por ejemplo, se ocupan del personal interno, mientras que otros operadores seleccionan a las víctimas de una base de datos, señalando las más vulnerables y descartando los perfiles no idóneos.
Para este trabajo se recluta generalmente a estudiantes, desempleados o personas en busca de ganancias fáciles, a quienes se les prometen salarios semanales elevados, alojamiento para los foráneos y pagos inmediatos. Se habla de cifras entre 1.200 y 1.500 dólares al mes, más un porcentaje sobre las estafas exitosas. Sumas que en Ucrania marean, pero la realidad a menudo decepciona: los testigos relatan retribuciones prometidas y luego notablemente reducidas en el momento del pago.
Los departamentos de TI son responsables de la telefonía IP, los servidores, las VPN y los software para el spoofing. Los departamentos de seguridad, por su parte, previenen las fugas de información y controlan la fiabilidad del personal y la disciplina interna.
Los empleados de bajo nivel son considerados simples máquinas de trabajo y a menudo los apercibimientos desembocan en violencia. Abandonar el trabajo, según un ex responsable de RRHH entrevistado por el GI-TOC, significa ser «encontrado y castigado», golpeado hasta sangrar; quien escapa corre el riesgo de ser llevado «a un bosque». Incluso el paso a la competencia puede costar palizas brutales.
La operación Cartago y la corrupción en la cúpula del Estado
En la noche del 1 al 2 de septiembre, un tiroteo en Kiev entre agentes del SBU (los servicios secretos internos) y del GUR (la inteligencia militar) puso el foco en las profundas tensiones internas de los servicios de seguridad. Aunque las versiones oficiales eran contradictorias, el medio Strana (2 de septiembre) fue el primero en plantear la hipótesis de que el enfrentamiento escondía una lucha por el control y la «protección» (kryshevanie) de las redes de call centers fraudulentos; esta tesis fue posteriormente retomada también por RIA Novosti y RT.
Dos días después, el 4 de septiembre, el NABU (Oficina Nacional Anticorrupción) y la SAPO (Fiscalía Especial Anticorrupción) iniciaron la operación «Cartago», que dio sustancia a la hipótesis de Strana: la protección de los call centers existía realmente, y los sobornos llegaban hasta la propia Fiscalía General. Los registros sacaron a la luz un sistema de blanqueo de capitales gestionado por altos funcionarios para blindar los call centers ilegales. El escándalo estalló definitivamente cuando el propio NABU difundió las imágenes de una caja fuerte llena de fajos de dólares incautada durante los registros.
En el centro de la tormenta quedó el Fiscal General Ruslan Kravchenko, nombrado en 2025. Según las acusaciones de la SAPO, han salido a la luz graves vínculos personales entre Kravchenko y Serhii Kropyva, ex jefe de la ciberpolicía de Kiev y luego vicejefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General. Los fiscales sostienen que Kropyva habría organizado y coordinado las obras de reforma en la casa en la que vivía Kravchenko, ayudado a la esposa del fiscal a obtener el visado para Estados Unidos y organizado un viaje a España.
La cronología de los acontecimientos ha suscitado serias dudas: según la emisora suiza RSI, Kravchenko habría partido de noche con su familia, hablando de una «misión oficial», poco antes de que se formalizaran sus dimisiones. Un movimiento que en los círculos anticorrupción ha sido interpretado como una fuga para sustraerse a la justicia. El episodio ha causado un fuerte bochorno político al gobierno de Kiev, ampliamente documentado por medios suizos e italianos como RSI y Swissinfo.
La paradoja de la «protección»: la sombra de Kiev tras las redes criminales
¿Sería posible que, en condiciones de ley marcial, cientos de centros ilegales operen sin ser vistos por las fuerzas del orden en decenas de ciudades — desde Zaporiyia, en las zonas aún bajo control gubernamental, hasta Leópolis— y que sus empleados puedan acudir regularmente al «trabajo» sin temor a encontrarse con los ya famosos operadores de los centros de reclutamiento militar?
Las redes ilegales están controladas por diversos grupos criminales, y la protección está garantizada por hombres de confianza dentro del sistema institucional. Las investigaciones NABU-SAPO muestran que Kiev era consciente de la existencia de estos call centers y que parte de los fondos procedentes de las estafas se reinvertía en el circuito legal mediante la compra de bienes de lujo e inmuebles.
Se perfila así una profunda paradoja en la que los gobiernos de la Unión Europea siguen inundando Ucrania con ríos de dinero público, extraído directamente de los bolsillos de los contribuyentes, cerrando al mismo tiempo ambos ojos ante las continuas estafas perpetradas por los call centers ucranianos contra los propios ciudadanos europeos.
A continuación se muestran capturas de pantalla de chats internos de reclutadores ucranianos, donde comparten información sobre empleados problemáticos. Estas imágenes ilustran el caos y la toxicidad del día a día en estos centros de llamadas.
