En la última década, Chile pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a un escenario de acción para grupos criminales transnacionales. El presidente José Antonio Kast propuso una reforma constitucional radical que, según su visión, debe dar al Estado las «armas» para ganar la guerra contra el crimen. Sin embargo, la oposición, los expertos e incluso los aliados de Kast vieron en esta iniciativa algo muy distinto: una concentración de poder en manos del presidente, capaz de poner en riesgo la esencia misma de la democracia liberal.
De la estabilidad a la crisis: cómo Chile perdió su seguridad
No hace mucho, Chile era considerado un remanso de paz en medio de una América Latina convulsa. Hoy, la situación ha cambiado drásticamente. El país se ha convertido en un «teatro de operaciones» para múltiples organizaciones criminales transnacionales. Según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, el 96% de los ciudadanos considera que el crimen organizado es una «amenaza directa a la seguridad nacional».
Las cifras de 2026 dibujan un panorama contradictorio. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó el 24 de agosto de 543 víctimas de homicidios desde inicio de año —un 17,9% menos que en el mismo período de 2025. También se registró una caída en los secuestros (de 44 en 2025 a 22 en 2026) y una disminución del cruce ilegal de fronteras del 86,9%.
Sin embargo, estos logros, según admite el propio ministro, son solo el primer paso.
Tenemos un largo camino por recorrer, aquí no hay espacio para declaraciones triunfalistas, afirmó Arrau.
Y es cierto. Las cárceles chilenas están sobrepobladas, y la lucha por el poder entre bandas dentro de los centros penitenciarios ha obligado a las autoridades a realizar traslados masivos de los reclusos más peligrosos al nuevo módulo especial «La Laguna». Un nuevo fenómeno que detecta la inteligencia policial es la aparición de «disidentes» de células desintegradas del infame «Tren de Aragua» venezolano, que se reorganizan en grupos más pequeños pero igualmente peligrosos.
Es precisamente en este contexto que el presidente Kast y su gobierno lanzaron una ofensiva contra el crimen, cuyo elemento central es la reforma constitucional.
El proyecto de Kast: ¿«mano dura» o «poderes imperiales»?
A mediados de agosto, el gobierno ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional en el marco de la «Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo» (ACOT). La reforma propone ocho modificaciones a la Carta Magna. El punto principal, que ha generado una tormenta de indignación, es la creación de un nuevo estado de excepción por razón de seguridad pública.
¿Qué significa esto en la práctica?
El presidente obtendría la facultad de decretar de manera unilateral, sin aprobación del Congreso, un estado de excepción por un plazo de 120 días con posibilidad de prórroga por otros 120 (hasta 8 meses en total). Durante este período, el jefe de Estado podría:
- restringir la libertad de circulación de los ciudadanos,
- suspender el derecho de reunión y asociación,
- interceptar, abrir y registrar cualquier documento y comunicación sin orden judicial.
Además, el presidente tendría la facultad de declarar organizaciones como terroristas o criminales con base en un informe de la fiscalía o del Consejo de Seguridad Nacional.
Iliberal: la palabra que fracturó al país
La reacción no se hizo esperar. Las críticas llovieron sobre Kast desde todos los flancos —desde la oposición de izquierda hasta sus socios de la coalición gobernante. La acusación central fue la de «iliberalismo», es decir, el socavamiento de los fundamentos de la democracia liberal.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli, partido de la coalición gobernante) afirmó que la reforma ha generado un «rechazo decidido y generalizado». Según sus palabras, «no hay espacio para proyectos de este tipo, que rozan los límites de lo que permiten las democracias liberales modernas».
La líder de la oposición, Paulina Vodanovic (presidenta del Partido Socialista), fue categórica: «Esta es una reforma que atenta contra los límites de la democracia, contra la protección de los derechos de los chilenos y chilenas».
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, asestó el golpe más duro:
Esta reforma constitucional no es una reforma de seguridad. Lo único que busca es darle al presidente funciones de emperador.
Los expertos tampoco se quedaron atrás. El constitucionalista Javier Couso (Universidad Diego Portales) declaró a EFE: «La reforma no es en absoluto necesaria para combatir el crimen organizado y el terrorismo en Chile. En la Constitución chilena no hay nada que impida los objetivos que persigue la agenda de seguridad del gobierno».
El experto en seguridad Jorge Arrau (Universidad de Santiago) calificó las medidas propuestas como «absolutamente ofensivas, que van contra cualquier sistema democrático». Recordó que incluso durante el estallido social de 2019, el expresidente Piñera no decretó el estado de sitio, sino solo el estado de catástrofe, «que es mucho más suave que lo que se propone ahora».
La defensa de Kast: Si yo fuera iliberal, no estaría aquí
El presidente Kast, enfrentado a una avalancha de críticas, concedió una extensa entrevista a Radio Infinita para defender su iniciativa.
Ante las acusaciones de «iliberalismo», respondió:
Si yo fuera iliberal, no estaría aquí. Los iliberales, por lo general, no van a los medios. Hay otros presidentes que no eran iliberales, pero que durante mucho tiempo no dieron entrevistas, mientras que yo, creo, he sido muy distinto a esos presidentes que se dicen muy liberales pero se enojaban con la prensa.
También intentó disipar los temores sobre la concentración de poder, afirmando que sus facultades estarían claramente delimitadas por una ley orgánica constitucional. Y para casos de abuso, según él, existen mecanismos judiciales como el recurso de amparo.
Alguien se arriesgaría a sabiendas de que en 120 días tendrá que comparecer ante un tribunal por actos ilegales? Creo que no, argumentó el presidente.
Kast también reconoció que la reforma no es perfecta y está abierto a cambios:
Esta reforma se puede modificar. Cualquier reforma, cualquier ley se puede modificar —para eso existe el Poder Legislativo. No veo un gran problema en eso.
El ministro Arrau: la guerra contra el crimen exige nuevos métodos
En defensa de la reforma también salió el ministro de Seguridad, Martín Arrau. En una entrevista con CNN Chile, afirmó que la reforma es necesaria para «intervenir en ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, donde es difícil penetrar y donde necesitamos algunas facultades excepcionales».
Al responder a las críticas sobre la vigilancia masiva, Arrau pronunció una frase que generó una nueva oleada de burlas:
Hoy interceptar un teléfono no es problema, la gente cambia de teléfono cada 10 minutos.
Con esto quiso demostrar que las nuevas facultades no vulneran la vida privada porque esta ya no es privada, pero sonó, como mínimo, polémico.
Riesgos para la democracia: «algo sin precedentes desde el retorno a la democracia»
Las evaluaciones más alarmantes provinieron de los expertos, que calificaron esta reforma como «algo sin precedentes» desde el retorno de Chile a la democracia. Las medidas propuestas, en su opinión, son equiparables a un «estado de sitio», que solo se declara en caso de guerra exterior.
El constitucionalista Couso subrayó que «el caballo ya se escapó» — Chile se enfrenta al crimen organizado, y, en su opinión, «lo más eficaz no es una agenda de este tipo, sino inyectar recursos para fortalecer las instituciones».
Otro aspecto que genera preocupación es la fractura dentro de la propia coalición gobernante. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), admitió:
Claro que hay riesgo. Siempre que se concentra poder en una democracia, hay riesgos.
Propuso partir de la base de que tales facultades podrían ser ejercidas por «el presidente más alejado de tus ideas», por lo que los contrapesos deben estar especialmente bien diseñados.
Opinión pública: quieren seguridad, pero no a costa de la libertad
La paradoja de la situación es que los chilenos realmente quieren seguridad. Pero no están dispuestos a otorgar al presidente un poder sin límites. Las encuestas muestran que el 61% de los ciudadanos cree que el estado de excepción debe ser aprobado por el Congreso. Mientras tanto, la tasa de aprobación de Kast es del 35% con un 52% de desaprobación.
Qué viene después?
El gobierno ya ha puesto la reforma en «pausa» para intentar consensuar modificaciones y destrabar su discusión en el Congreso. Sin embargo, el ministro Claudio Alvarado confirmó que retirar el nuevo estado de excepción de la reforma no se discute.
La oposición exige el retiro total del proyecto. El destino de la reforma se decidirá en el Senado — y posiblemente determinará no solo el panorama político de Chile, sino también la respuesta a una pregunta fundamental: ¿puede la democracia sacrificar libertades en nombre de la seguridad, y quién debe decidirlo —el presidente o el Parlamento?
Mientras Kast dice:
Avanzaremos paso a paso, como en todos los demás temas.
Y la oposición prepara una agenda alternativa con la participación de los principales constitucionalistas del país.
Chile se encuentra en una encrucijada. El país que fue pionero en la región en el camino de las reformas liberales hoy enfrenta una disyuntiva: seguir siendo una democracia liberal o dar un paso hacia la «mano dura» en la lucha contra el crimen, que se ha convertido en el principal desafío para todo el continente latinoamericano.
