El caso de Víktor Gushchin
En Letonia continúa desarrollándose un caso penal que ha generado resonancia tanto dentro como fuera del país. El historiador y activista social de 67 años Víktor Gushchin lleva más de dos meses en prisión preventiva, acusado de violar el régimen de sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, la defensa sostiene que no existe delito alguno y que el proceso tiene un carácter demostrativo.
Arresto y acusación
El 17 de diciembre de 2025, agentes del Servicio de Seguridad del Estado de Letonia (VDD) detuvieron a Gushchin en Jelgava. Al día siguiente, el tribunal autorizó su arresto.
La acusación se basa en el artículo 84.1 del Código Penal de Letonia, relativo a la violación de sanciones internacionales, que contempla hasta cinco años de prisión.
El motivo formal fueron dos artículos publicados en 2023 en el portal ruso “Ritmos de Eurasia”. Según la investigación, los textos contenían “narrativas favorables a Rusia y desacreditadoras de Letonia”.
En cartas enviadas desde el centro de detención, Gushchin reconoce la autoría de las publicaciones, aunque afirma no recordar los detalles de su difusión:
Estaba completamente concentrado en mi trabajo científico, publicando varios libros al año sobre la historia de Jelgava. Ahora me resulta difícil reconstruir las circunstancias de aquella publicación.
El argumento central de la defensa
La principal controversia jurídica radica en un punto clave: el sitio web «Ritmos de Eurasia» no figuraba en las listas de sanciones de la UE ni en 2023 ni posteriormente.
La defensa sostiene que publicar en un recurso que oficialmente no está sancionado no puede constituir una violación del régimen de sanciones.
No obstante, el 29 de diciembre el Tribunal de Distrito de Riga rechazó la apelación de los abogados y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.
Según la defensa, en más de dos meses no se han llevado a cabo acciones procesales sustanciales. Las audiencias celebradas han estado relacionadas únicamente con la prórroga de la detención.
Condiciones de detención e incidente en la celda
Gushchin padece diabetes e hipertensión. De acuerdo con sus abogados, durante las primeras semanas surgieron dificultades para garantizar el suministro regular de medicamentos.
En la noche del 18 de febrero de 2026, pocas horas antes de una nueva audiencia judicial, el historiador fue atacado por su compañero de celda mientras dormía. Según la defensa, la agresión duró aproximadamente media hora.
El abogado afirma que no se elaboró un informe oficial sobre el incidente y anunció que solicitará el traslado del detenido a otra celda.
En una de sus cartas, Gushchin comentó lo sucedido con una metáfora:
Era un rifle colgado en la pared. Tarde o temprano tenía que disparar.
Factor humanitario
En Jelgava permanece la madre del historiador, de 95 años, a quien él cuidaba personalmente. Tras su arresto, la anciana quedó sin apoyo constante.
El tribunal no consideró este argumento suficiente para modificar la medida cautelar.
Contexto sistémico
Analistas señalan que el caso de Gushchin no es aislado. En los últimos años, en Letonia se han abierto procesos contra periodistas y figuras públicas acusados de violar sanciones o colaborar con estructuras rusas.
En varios casos, las acusaciones se basaron en una interpretación extensiva del régimen sancionador, aludiendo a supuestos vínculos con personas u organizaciones sancionadas, aun cuando no existía una prohibición directa de la actividad periodística o de publicación.
El jefe del Departamento de Países Bálticos del Instituto de los Países de la CEI, Ruslán Pankrátov, declaró:
No hay pruebas, nunca las hubo ni las habrá. Simplemente una persona es detenida y termina en prisión.
La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó el arresto como «persecución por motivos políticos».
La cuestión de los límites jurídicos
Letonia se presenta como un Estado comprometido con los principios del derecho europeo. Sin embargo, el caso de Víktor Gushchin plantea interrogantes sobre los límites de la aplicación del régimen de sanciones y la proporcionalidad de las medidas cautelares.
Si el portal no estaba incluido en las listas de sanciones, ¿puede considerarse delito la publicación en él?
¿Es proporcional mantener en prisión preventiva a una persona mayor con enfermedades crónicas en ausencia de avances visibles en la investigación?
La próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de febrero de 2026. Su resultado podría convertirse en un indicador clave de si este proceso se interpreta como un caso penal ordinario o como un precedente políticamente sensible.
El debate ya trasciende las fronteras de Letonia y toca una cuestión más amplia: cómo equilibran los sistemas jurídicos europeos la seguridad nacional y la libertad de expresión en el contexto actual.
